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Artículos de AME/EBE y Bracho Abogados

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¿Quién es la madre de Joan?

La acogida de un menor no debe plantearse como un atajo a la adopción. En un diario de gran tirada nacional el martes 13/09/16, se publica el siguiente “editorial”.

“La acogida no debe plantearse como un atajo a la adopción”

Por su interés, vamos a copiar el texto, para intentar dar una respuesta “técnica-jurídica”, a la pregunta ¿Quién es la madre de Joan?.

(Copia)“No será difícil para cualquier persona con sentimientos normales ponerse en el lugar del matrimonio de Sueca (Valencia) que ayer tuvo que entregar en un cuartel de la Guardia Civil al niño que habían acogido en su casa y que han criado y cuidado como si fuera suyo durante los últimos tres años. Pero. Por más doloroso que resulte, el hecho fundamental en todo este drama es que el pequeño se hallaba en acogimiento permanente, no en proceso de adopción, porque en ningún momento la madre biológica había accedido a renunciar a la patria potestad. Es más, en reiteradas ocasiones, había recurrido judicialmente la suspensión de la misma y reclamado a los servicios sociales la devolución de su hijo. No nos cabe duda de que durante este proceso, los funcionarios encargados de evaluar la situación personal de la madre natural han actuado, como dictamina la Ley, atendiendo al bien superior de la protección del menor y la defensa de sus intereses. Sí nos permitimos dudar de que la familia de Sueca haya sido informada con exactitud de las condiciones que establece nuestra legislación cuando se recibe un niño en acogida, fórmula de protección que no desemboca automáticamente en la adopción del mismo, entre otras razones, porque en la mayoría de los casos se trata de pequeños que proceden de familias desestructuradas o en graves dificultades de todo tipo, en las que los padres naturales no pueden o no quieren hacerse cargo de los deberes que exige el disfrute de la patria potestad, pero que no por ello renuncian a la misma para entregarlos en adopción. En estos casos, la retirada de la guarda y custodia de los hijos se prolonga mientras persistan las circunstancias que aconsejaron la medida, pero no más. En el asunto que nos ocupa, según la información conocida, las circunstancias personas y de carácter socioeconómico de la madre biológica-, que precisamente, tuvo a su hijo con 14 años de edad, cuando se encontraba bajo la protección de los servicios sociales- han evolucionado de manera que la Audiencia Provincial de Oviedo ha considerado en su sentencia que ya está capacitada para encargarse de criar a su hijo. En esta decisión ha influido el hecho de que la madre demandante, el padre y la abuela del niño se hayan reconciliado, al menos, en lo que se refiere a los intereses del menor. Un cambio en la situación que garantiza que se pueden atender sus necesidades económicas, Como señalábamos al principio, es fácil entender el dolor de los padres de acogida ante una resolución judicial que les parece indeseable –porque los priva de quien consideran un hijo- pero que se ajusta a lo establecido por nuestra legislación. En este sentido, podemos coincidir con quienes opinan que las leyes españolas de protección de la infancia son excesivamente estrictas en la regulación de los procedimientos de adopción que se deberían reformar, pero ello no justifica que desde algunas instancias de Asuntos Sociales se den falsas esperanzas a las familias que, ante las dificultades de adoptar, deciden convertirse en hogares de acogida. Porque, incluso en los casos que parecen más claros, nadie puede garantizar que no cambien las circunstancias que obligaron a retirar la custodia a unos padres. La fórmula del acogimiento no puede plantearse como un atajo a la adopción. No fue ésta, al menos, la idea que inspiró al legislador”.

Tras lectura del editorial, y para conocer los pormenores del conflicto, se hace preciso, saber, quienes son sus integrantes: “

Un niño llamado Joan, de 4 años de edad, concebido por su madre Mª José Abeng, de nacionalidad Guineana, quien a la edad de 15 años, careciendo de medios económicos y una vida desordenada, había obligado al ente público, a adoptar, en protección del menor, el protocolo de desamparo, asumiendo la tutela del menor. Ésta institución, en cumplimiento del art. 172 CC, inicia la tramitación de pre-adopción a favor de un matrimonio de Sueca (Valencia ),formado por Alberto Bordes y Noelia Estomell. Con éste matrimonio, convive el niño, desde su entrega, cuando contaba 16 meses de vida.

La madre biológica, al cumplir su mayoría de edad, reclama judicialmente los derechos sobre su hijo( próximo a cumplir 4 años ), que le son reconocidos por los tribunales de justicia.

Los tribunales, en una Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, fallan a favor de la madre biológica, ordenando la entrega inmediata del menor a su madre natural. Contra aquella resolución, los padres pre-adoptantes, interponen recurso de casación, mientras la defensa de la madre, solicita la ejecución provisional de aquella resolución, razón por la que, los padres pre-adoptivos, se ven obligados, en cumplimiento del fallo, a hacer entrega del menor, ante la Guardia Civil.

Ante el “abatimiento” que les produce a los padres pre-adoptivos, estos acontecimientos, están dispuestos a “luchar” por lo que entienden sus derechos, y mientras cumplían la resolución y entregaban al menor, decían a Joan “se fuerte hijo, volveremos a por ti”.

Para dar, solución jurídica al problema planteado, debemos partir, del hecho expuesto, y dos son las posibles soluciones: o la madre biológica, que “parió” a Joan, es la única madre, o los padres pre-adoptantes, tras la pre-adopción, son los padres por adopción de Joan.

La respuesta, le corresponde al Tribunal Supremo.

Pero, con los escasos, datos que contamos, vamos a atrevernos a dar la respuesta: La única madre de JOAN es su madre biológica. ¿Por qué?.

1º.- Porque, la madre biológica, pese a la tramitación administrativa del acogimiento a favor del matrimonio formado por D. Alberto Bordes y Noelia Estomell, pasando después a pre-adopción, no ha perdido sus derechos de madre.

2º.-Porque, los padres pre-adoptantes, del menor no han adquirido la condición legal de “adoptantes”.

3º.- Porque, la madre biológica, no ha renunciado a su hijo natural.

4º.- Porque, la madre biológica, ha reclamado lo que es suyo, su hijo, sin que, las meras pruebas sobre su vida , pueda cambiar el criterio , para la adopción.

Señala el artículo 108 del Código Civil, la filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La primera, puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando el padre y la madre están casados entre sí. Es adoptiva cuando, tras un acto jurídico previsto por la ley, y tras un dilatado proceso de selección, se entrega, un hijo biológico de otro, a unos padres, quienes pasan a encontrarse en la misma situación jurídica , que si fuese el hijo biológico de ellos.

La Constitución, no contiene una definición del instituto de la filiación, dejando un amplio espacio a la regulación del legislador, el cual se encuentra vinculado y constreñido por distintos mandatos constitucionales, entre ellos, por la prohibición de discriminación por razón de nacimiento (art.14 CE), en cuanto comprensiva de la igualdad entre las distintas clases de filiación, así como por la obligación de asegurar” la protección integral de los hijos, iguales todos ante la Ley, con independencia de su filiación (Art. 39.2º CE).

El mandato constitucional del art. 39, párrafos tercero y cuarto:

“3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”.

“4.- Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código civil y Ley de Enjuiciamiento Civil, que entró en vigor el 16/02/1996, en su Exposición de Motivos I, nos dice que “ que la Constitución Española (1978), al enumerar en el Capítulo III, del Título I, lo principios rectores de la política social y económica, hace mención en primer lugar a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y dentro de ésta, con carácter singular, la demos menores.

Esta preocupación, para dotar al menor de un adecuado marco jurídico de protección, trasciende también de diversos Tratados Internacionales ratificados, en los últimos años por España, y muy especialmente, de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, ratificado por España el 30 de noviembre de 1990, que marca el inicio de una filosofía en relación con el menor, basada en una mayor reconocimiento del papel de éste desempeña en la sociedad, y en la exigencia de un mayor protagonismo para el mismo.

Esta necesidad ha sido compartida por otras instituciones internacionales como el Parlamento Europeo que a través de la Resolución A-3-0172/92, aprobó la Carta Europea de los Derechos del Niño.

Consecuente con el mandato constitucional y con la tendencia general apuntada, se ha llevado a cabo, en los últimos años, un importante proceso de renovación de nuestro orden jurídico en materia de menores.

Primero fue la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación de la filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio, que suprimió la distinción entre filiación legítima e ilegítima, que equiparó al padre y a la madre a efectos del ejercicio de la patria potestad e introdujo la investigación de la paternidad.

Después se han promulgado, entre otras, las Leyes 13/1983, de 24 de octubre, sobre la tutela; la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de adopción; la Ley Orgánica 5/1988, de 9 de junio, sobre exhibicionismo y provocación sexual en relaciones con menores; la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de menores; la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español de la Directiva 89/552/CE, sobre la coordinación de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de las actividades de radiodifusión televisiva.

De las Leyes citadas, la de 21/1987, de 11 de noviembre, es la que, sin duda, ha introducido cambios más sustanciales en el ámbito de la protección del menor.

A raíz de la misma, el anticuado concepto de “abandono” fue sustituido por la “institución de desamparo”, cambio que ha dado lugar a una considerable agilización de los procedimientos de protección del menor, al permitir la “asunción por parte de la entidad pública” competente, de la tutela de aquél en los supuestos de desprotección grave del menor.

Asimismo, introdujo la consideración de la adopción como un elemento de plena integración familiar, la configuración del acogimiento familiar como una nueva institución de protección del menor, la generalización del interés superior del menor como principio inspirador de todas las actuaciones relacionadas con aquél, tanto administrativas como judiciales; y el incremento de las facultades del Ministerio Fiscal en relación con los menores, así como de sus correlativas obligaciones.

No obstante, y pese al indudable avance que esta Ley supuso y a las importantes innovaciones que introdujo, su aplicación ha ido poniendo de manifiesto determinadas lagunas, a la vez que el tiempo transcurrido desde su promulgación ha hecho surgir nuevas necesidades y demandas en la sociedad.

Numerosas instituciones, tanto públicas como privadas-las dos Cámaras Parlamentarias, el Defensor de Pueblo, el Fiscal General de Estado y diversas asociaciones relacionadas con los menores- se han hecho eco de estas demandas, trasladando al Gobierno la necesidad de adecuar el ordenamiento a la realidad de nuestra sociedad civil.

Las transformaciones sociales y culturales operadas en nuestra sociedad han provocado un cambio en el status social del niño y como consecuencia de ello se ha dado un nuevo enfoque a la construcción del edificio de los derechos humanos de la infancia.

Este enfoque reformula la estructura del derecho a la protección de la infancia vigente en España y en la mayoría de los desarrollados desde finales del siglo XX, y consiste fundamentalmente en el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los menores de edad y una capacidad progresiva para ejercerlos.

(Es, por tanto importante, consultar también la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 diciembre 1948 (art. 25); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 diciembre 1966 (art. 24); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 diciembre 1966(art. 10) y, en particular, la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 noviembre 1989, ratificada por Instrumento de 30 noviembre 1990 (art.20 y 21); El Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 mayo 1993 y ratificado por Instrumento de 30 junio 1995; el Convenio europeo en materia de adopción de menores (revisado), hecho en Estrasburgo el 27 noviembre 2008 y ratificado por Instrumento de 16 julio 2010; y el Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos de los niños, hecho en Estrasburgo el 15 enero 1996 y ratificado por Instrumento de 11 noviembre 2014.Es trascendente también consultar el Convenio de la Haya de 5 octubre 1961, sobre competencia de las Autoridades y Ley aplicable en material de protección de menores, ratificado por Instrumento de 29 abril 1987).

El desarrollo legislativo postconstitucional refleja aquella tendencia, introduciendo la condición de “sujeto de derechos” a las personas menores de edad. Así, el concepto “ser escuchado si tuviere suficiente juicio” se ha ido trasladando a todo el ordenamiento jurídico en todas aquellas cuestiones que le afectan. Este concepto introduce la dimensión del desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de sus derechos.

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor en su art. 17, nos dice: “En situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor, que no requieran la asunción de la tutela por ministerio de le Ley, la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se encuentra y a promover los factores de protección de menor y su familia.

Una vez apreciada la situación de riesgo, la entidad pública competente en materia de protección de menores pondrá en marcha las actuaciones pertinentes para reducirla y realizará el seguimiento de la evolución del menor en la familia”.

El Libro I, Título VII, Capítulo V, bajo el “título” De la adopción y otras formas de protección de menores”, ha sido objeto de redacción general por la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, experimentando sucesivas modificaciones en su articulado, siendo debido su actual redacción ( arts. 179 y 180 ) y la Ley 26/2015 ( arts. 172, 172 bis, 172 ter, 173, 173 bis, 174, 175,176,176 bis, 177, 178 y 180 ). Dedica su Sección 1ª, bajo la rúbrica: “De la guarda y acogimiento de menores”, artículos 172, 172 bis, 172 ter, 173, 173 bis, y 174 Código Civil, dejando la Sección 2ª, “De la adopción”, propiamente dicha, artículos 175, 176, 176 bis, 177, 178, 179 y 180.

Que, como es de comprobar, el legislador, ha dotado al Código Civil, de dos instrumentos, totalmente distintos: “la guarda y acogimiento de menores”, por un lado, y la “ adopción”, por otra. Las diferencias jurídicas de ambas figuras, son sustanciales. Mientras, en la primera, es una forma de protección del menor, prevista en el artículo 173 del CC, que produce la plena participación del mismo en la vida de la familia de acogida e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. La diferencia principal que se produce respecto de la adopción es que con la adopción se produce una integración plena en la familia también desde el punto de vista jurídico (la adopción es una de las formas de adquirir la filiación), cosa que no ocurre con el acogimiento familiar, pues no produce una ruptura jurídica con la familia de origen. El acogimiento familiar, según el CC. (art. 173), puede ser: simple, permanente, y pre-adoptivo.

Aquí, el que nos interesa analizar, es el “acogimiento pre-adoptivo”, que es aquel que se formaliza por la Entidad Pública, cuando ésta eleva la propuesta de adopción del menor ante la autoridad judicial, previo informe de los servicios de atención al menor. Los acogedores deben reunir los requisitos necesarios para adoptar, para lo cual deben ser previamente seleccionados y deben prestar su consentimiento a la adopción. En esta situación la familia adoptiva, con el fin de comprobar que las relaciones que se establezcan entre ellos llevan a cabo un periodo de convivencia del menor con dicha familia, que no debe exceder de un año.

Podemos decir, por tanto, que el acogimiento es temporal, es la fase preparatoria, de las personas adecuadas para la posible adopción. Mientras la adopción es un negocio adoptivo, que se formaliza a través de la declaración judicial de aceptación firmada por las partes(adoptante y adoptado), sus tutores con la autorización del consejo de familia.

Tras la tramitación del procedimiento judicial, el juez, previa valoración de la documentación aportada, y tras el informe del Ministerio Fiscal, dictará una resolución, por la que fundamentará la adopción, mandando inscribir al menor en el Registro Civil de nacimiento del niño.

Como se ha dicho, es una forma de adquirir la filiación, es decir, la de pasar a formar parte de otra familia, creándose una nueva relación familiar equiparable a la biológica, produciendo la ruptura de vínculos personales, familiares y jurídicos entre el hijo adoptivo y sus padres biológicos, dado lugar al nacimiento de unos derechos y obligaciones entre los nuevos padres y el adoptado.

La doctrina jurisprudencial y científica califica a la adopción como un negocio jurídico familiar de carácter formal, distinguiéndose legalmente tres clases de intervenciones: el consentimiento propiamente dicho; que deben de prestar el adoptante y su cónyuge, y el adoptado mayor de catorce años y su cónyuge, requisito esencial del negocio opcional; cuya ausencia produciría la inexistencia del mismo por aplicación del arts. 1261 CC; el asentimiento- perfectamente definido en la reciente Ley 21/1987, de 11 de noviembre-que deberán prestar el padre y la madre del adoptado menor de edad, sujeto a la patria potestad, y el tutor con la autorización del consejo de familia; y simplemente deberán ser oídos el adoptado, menor de catorce años, el padre o madre privado de la patria potestad; el asentimiento del padre del adoptado, única intervención que aquí interesa.

El art. 172.1º CC. “Cuando la Entidad Pública a la que, en el respectivo territorio, está encomendada la protección de los menores, constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria. La resolución administrativa que declare la situación de desamparo y las medidas adoptadas se notificarán en legal forma a los progenitores, tutores o guardadores y al menor afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce años, de forma inmediata sin que sobrepase el pazo máximo de cuarenta y ocho horas. La información será clara, comprensible y en formato accesible, incluyendo las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y los efectos de la decisión adoptada, y en el caso, del menor, adaptará a su grado de madurez, y a poder ser de forma presencial.

Se considera como situación de desamparo la que se produce de hacho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral y material.

La situación de desamparo de un menor, más grave que la del riesgo, implica la salida automática de su núcleo familiar.

Fases de atención de los menores en situación de desamparo.

1.- Los Servicios Sociales del municipio son los encargados de los casos de menores en situación de riesgo social, de tal forma que cuando la situación se considera grave, se constituye una Comisión de tutela del menor que determina la retirada del menor si se encuentra en situación de desamparo.

2.- La fase Judicial, se abre cuando, ante la decisión de la Comisión de tutela, que decide la retirada del menor, como consecuencia de que éste se encuentra el situación de desamparo, recurren los padres del menor, a la vía judicial por no estar conformes con aquella decisión.

La asunción de la tutela atribuida a la Entidad Pública lleva consigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los progenitores o tutores en representación del menor y que sean de interés de éste.

Durante el plazo de dos años desde la notificación de la resolución administrativa por la que se declare la situación de desamparo ,los progenitores que continúen ostentado la patria potestad, pero la tengan suspendida, o los tutores que tengan suspendida la tutela, podrán solicitar a la Entidad Pública que cese la suspensión y quede revocada la declaración de situación de desamparo del menor, si por cambio de las circunstancias, se encuentren en situaciones de asumir nuevamente la patria potestad o la tutela.

Pasado el plazo decaerá el derecho de los progenitores o tutores a solicitar u oponerse a las decisiones o medidas que se adopten para la protección del menor.

Durante ese plazo de dos años, la Entidad Pública ,ponderando la situación y poniéndola en conocimiento del Ministerio Fiscal, podrá adoptar cualquier medida de protección, incluida la propuesta de adopción, cuando exista un pronóstico fundado de imposibilidad definitiva de retorno a la familia de origen.

La Entidad Pública, de oficio o a instancias del Ministerio Fiscal o de persona o entidad interesada, podrá revocar la declaración de situación de desamparo y decidir el retorno del menor con su Familia, siempre que entienda que, es lo más adecuado para su interés. Dicha decisión se notificará al Ministerio Fiscal.

Que, volviendo, al origen del escrito, podemos llegar a la conclusión de que, en el caso analizado, la madre biológica, no ha perdido su condición de madre de Joan, y consecuentemente, la resolución que dicte el Tribunal Supremo va a permitir, que Joan, pase a vivir con su madre natural, perdiendo los padres pre-adoptivos, cualquier esperanza de recuperación del menor.

Para terminar, es procedente, traer a colación la Sentencia nº 565/2009, de fecha 31/07/2009, por la que:

La jurisprudencia ha proclamado como principio rector de los procesos sobre medidas de protección de los menores la necesidad de que prevalezca su interés como principio prioritario, evitando que la formalidad de la controversia procesal pueda perjudicarlo (SSTS 21 de Diciembre de 2.001, 12 de Julio de 2.004, 23 de Mayo de 2.005).

La jurisprudencia constitucional, dada la importancia de los intereses de orden personal y familiar de los menores, de los padres biológicos y de los restantes afectados, ha admitido la existencia de un menor rigor formal en este tipo de procesos;, ha declarado que no se configuran como un simple conflicto entre pretensiones privadas, sino que se amplían ex lege (por ley) las facultades del Juez en garantía de los intereses que han de ser tutelados, entre los que ocupa una posición prevalente el interés del menor (STC 58/2008 de 28 de Abril, FJ 2); y ha consagrado la legitimidad constitucional de la que llama “la exclusión de la preclusividad” (SSTS 75/2005 de 4 de Abril, 58/2008 de 28 de Abril), es decir, de la exclusión de los efectos del principio de preclusión, según el cual la clausura de una fase o plazo procesal impide replantear lo ya decidido en ella.

El art. 413 LEC, como una manifestación de este principio, consagra el principio de perpetuación de la acción disponiendo que “no se tendrá en cuenta en la sentencia las innovaciones que, después de iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas o de las personas que hubiere dado origen a la demanda y, en su caso, a la reconvención”. Este principio tiene como finalidad institucional el mantenimiento de la seguridad jurídica como garantía de la contradicción e igualdad de oportunidades de defensa y admite excepciones, como la posibilidad de formular alegaciones complementarias para la integración del objeto del proceso (artículo 412 LEC), y la posibilidad de tomar en consideración modificaciones posteriores al inicio del juicio cuando lo imponen razones de interés público o general relacionadas con el objeto del proceso que determinan que éste se rija por los principios de oficialidad y verdad material o que deba atenderse de manera prevalente a fines institucionales superiores a los de la seguridad jurídica y garantía de contradicción que presiden su desarrollo.

Esto último sucede en el tipo de proceso que estamos examinando, en el CC ordena que “se buscará siempre el interés del menor” (art. 172.4 C.C.). Este precepto, como expone el Ministerio Fiscal, atribuye al interés del menor desamparado un carácter prevalente en la adopción y revisión jurisdiccional de las medidas de control en consonancia con los tratados internacionales ratificados por España y presta suficiente apoyo legal, a juicio de esta Sala, a la exclusión del principio perpetuatio actionis (perpetuación de la acción) que rige en el proceso civil.

En consecuencia, esta Sala sienta la doctrina de que es procedente que el Juez, al examinar al impugnación de la declaración de desamparo por la Administración interpuesta al amparo del art. 172.6 CC contemple el cambio de circunstancias producido con posterioridad al momento en que se produjo la declaración con el fin de determinar si los padres se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad”.

Esta Sentencia, sienta la siguiente doctrina:

A).- Es procedente que el Juez, al examinar la impugnación de la declaración de desamparo por la Administración interpuesta al amparo del artículo 172.6 CC, contemple el cambio de circunstancias producido con posterioridad al momento en que se produjo la declaración con el fin de determinar si los padres se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad.

B).- Para acordar el retorno del menor desamparado a la familia biológica no basta con una evolución positiva de los padres biológicos, ni con su propósito de desempeñar adecuadamente el rol paterno o materno, sino que es menester que esta evolución, en el plano objetivo y con independencia de las deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber determinado el desamparo, sea suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se mantenga la situación de acogimiento familiar en que se encuentre teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, el tiempo transcurrido en la familia de acogida, si su integración en ella y en el entorno es satisfactoria, si se han desarrollado vínculos afectivos con ella, si obtiene en la familia de acogida los medios necesarios para su desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las referencias parentales del menor con la familia biológica y si el retorno al entorno familiar biológico comporta riesgos relevantes de tipo psíquico.

Bilbao, a diez de septiembre de dos mil dieciséis.

Ldo. J.Carlos Bracho Gilsanz.

Mediador Familiar.