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De la Validez de los Convenios Reguladores no Ratificados Judicialmente

Derecho de Familia

DE LA VALIDEZ DE LOS CONVENIOS REGULADORES NO RATIFICADOS JUDICIALMENTE. (Tribunal Supremo (CIVIL), sección 1ª, Sentencia de 22 de abril de 1997, nº 325/1997, rec. 1822/1993. Ponente: XAVIER O´CALLAGHAN MUÑOZ.

I.- ANTECEDENTES

La Ley 30/1981, de 7 de julio, que modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil, reconoce un auténtico “contractualismo” en el ámbito del derecho familiar, hasta el punto de que la eficacia de los pactos relativos al matrimonio irrumpen en un doble campo: por un lado, se atribuye relevancia jurídica a los pactos de separación matrimonial o (divorcio), hasta el punto de que el núm. 1 del artículo 81 dispone que se decretará la separación judicial (divorcio) a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, estableciéndose, junto a la separación (divorcio)…, otra de carácter consensual, y por otro lado, y ello aún más importante subrayarlo aquí, dado el carácter meramente económico o patrimonial de la cláusula 7ª del Convenio sobre la que estamos razonando, se atribuye trascendencia normativa a los pactos de regulación de las relaciones económicas entre los cónyuges, para los tiempos posteriores a la separación matrimonial (divorcio), al admitirse en el artículo 90 la posibilidad de los convenios reguladores, que, según se dispone “serán aprobados por el Juez,… “.

Así el artículo 90 C.C. señala:

   1.- El convenio regulador a que se refieren los artículos 81, 82, 83, 86 y 87, deberá contener, al menos y siempre que fuera aplicables, los siguientes extremos: 

a)  El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad…
b)  El régimen de visitas y comunicación…
c)  La atribución de uso de la vivienda y ajuar familiar.
d)  La contribución de las cargas del matrimonio y alimentos…
e)  La liquidación cuando proceda, del régimen económico del matrimonio.
f)  La pensión que conforme al art. 97 correspondiere satisfacer…

    2.- Los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación y divorcio presentadas ante el órgano judicial serán aprobadas por el Juez salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. 

“Cuando los cónyuges formalizasen los acuerdos ante el Secretario Judicial…”

Consecuentemente los cónyuges, en contemplación de las situaciones de crisis matrimonial (separación o divorcio), en ejercicio de su autonomía de su autonomía privada (art. 1255 CC) pueden celebrar convenios sobre cuestiones susceptibles de libre disposición, entre las que se encuentran las económicas o patrimoniales. Estos acuerdos, auténticos negocios jurídicos de derecho de familia (STS 22 abril 1997      (RJ 1997/ 3251), tienen carácter contractual , por lo que para su validez han de concurrir los requisitos estructurales establecidos por ley con carácter general (art. 1261 CC), además del cumplimiento de las formalidades especiales exigidas por la ley con carácter “ad solemnitatem” o “ad sustantiam” para determinados actos de disposición. Se trata de una manifestación del libre ejercicio de la facultad de autorregulación de las relaciones privadas, reconocida por la Jurisprudencia (STS. 26 de enero 1993 (RJ 1993, 365), 7 marzo 1995, de 22 abril (RJ 1997,3251) y 19 diciembre 1998 (RJ 1998, 9649).

La Sentencia de 22 abril 1997, distingue entre los convenios con y sin homologación judicial, y si bien considera tal homologación “conditio iuris” de eficacia del convenio regulador del art. 90 CC, en absoluto desconoce la eficacia del que no haya sido objeto de aprobación judicial, en tanto que negocio jurídico válido concertado según el principio de autonomía de la voluntad que proclama el artículo 1255 CC. (STS. 15 febrero 2002 (RJ. 2002, 1619).

El Artículo 82 C.C. redacción Ley 30/1981 de 7 de Julio, establece que: “los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo…, mediante la formulación de un convenio regulador…, en el que, junto a la voluntad inequívoca se separarse (divorciarse), determinarán las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación (divorcio) en los términos establecidos en el art. 90 CC.

(Añade) Los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin perjuicio de que deban estar asistidos por Letrado en ejercicio, prestando su consentimiento ante el Secretario Judicial”.    

Se discute sobre la naturaleza jurídica del convenio regulador, en situaciones de crisis matrimonial, contemplado y previsto su contenido mínimo en el Art. 90 del CC, que no ha obtenido la aprobación judicial por el que las partes convinieron la adjudicación de bienes del régimen.

En principio, debe ser considerado como un “negocio jurídico de derecho de familia”, expresión del principio de autonomía privada que, como tal convenio regulador, requiere la aprobación judicial, como “conditio iuris”, determinante de su eficacia jurídica.

Deben, por  ello, distinguirse tres supuestos: en primer lugar, el convenio, en principio y en abstracto, es un negocio jurídico de derecho de familia; en segundo lugar, el convenio regulador aprobado judicialmente que queda integrado en la resolución judicial, con toda la eficacia procesal que ello conlleva; el tercer lugar, el convenio que no ha llegado a ser aprobado judicialmente, tiene la eficacia correspondiente a todo negocio jurídico, tanto más si contiene una parte ajena al contenido mínimo que prevé del artículo 90 del Código Civil. La sentencia de 25 de junio de 1987 declara expresamente que se atribuye trascendencia normativa a los pactos de regulación de las relaciones económicas entre los cónyuges, para los tiempos posteriores a la separación matrimonial; la de 26 de enero de 1993 añade que la aprobación judicial del convenio regulador no despoja a éste del carácter de negocio jurídico que tiene, como manifestación del modo de autorregulación de sus intereses queridos por las partes.

En la sentencia analizada, los cónyuges, ambos abogados en ejercicio, casados en régimen económico matrimonial de separación de bienes, celebraron un Convenio de separación matrimonial, al que llamaron “contrato de separación conyugal” en el que se previó la separación, la atribución “en posesión y propiedad” de la vivienda conyugal, la guarda y custodia de las hijas menores de edad, el régimen de visitas, la contribución a los gastos familiares, la retirada por el marido de los bienes de uso personal, la renuncia a pensión y, en el acuerdo séptimo, se efectúa la partición de bienes; es de destacar que en el convenio manifiestan que han redactado el convenio “con la mayor sencillez, apartándose en lo posible de términos jurídicos”.

Dicho convenio no fue presentado como tal convenio regulador en el proceso de separación que se siguió en el Juzgado de 1ª Instancia nº 14 de Barcelona por los trámites de la disposición adicional 5ª de la Ley 30/1081, de 7 de julio; se dictó sentencia con fecha 25/01/1989,  en la que se hace referencia al mencionado convenio y se expresa literalmente que “ estando conformes ambos cónyuges en solicitar la separación, se estará a lo dispuesto en dicho número 1 del artículo 81 del Código Civil sustituyendo el convenio por los acuerdos que establezca el Juzgado”. En la parte dispositiva de la sentencia se prevén las medidas llamadas definitivas y no se hace referencia alguna a la “partición de bienes”, llamada así y contenida en el acuerdo séptimo del mencionado convenio.

Posteriormente, la esposa formuló demanda interesando el cumplimiento de dicho acuerdo séptimo. El Juzgado de 1ª instancia nº 2 de Barcelona dictó sentencia en fecha 19 de marzo de 1991 estimando la demanda y desestimando la reconvención que había formulado el esposo demandado. Apelada por éste, la Audiencia de Barcelona, Sección 12ª, dictó sentencia en fecha 18 de enero de 1993 revocando la anterior declarando la ineficacia del convenio. Contra ésta se formula recurso de casación.  

El convenio de 5 de junio de 1986 no es el convenio regulador que contempla el artículo 90 del Código Civil y al que se refieren los artículos 81 y 86 de dicho texto legal “le falta la aprobación judicial” (conditio iuris) de su eficacia. Es un negocio jurídico de derecho de familia. No está inmerso en el proceso de separación conyugal, que se tramitó como contencioso, aunque en éste se alude al mismo.

El acuerdo séptimo del convenio, al que llaman las partes “partición de bienes”, no es tal partición sino la adjudicación de bienes del régimen económico-matrimonial de separación de bienes. Este acuerdo no forma parte necesariamente del convenio regulador del artículo 90 del Código Civil ni fue recogido en la parte dispositiva de la sentencia de separación conyugal.

Este acuerdo séptimo es válido y eficaz como tal acuerdo, como negocio jurídico bilateral aceptado, firmado y reconocido por ambas partes, abogados en ejercicio. No hay obstáculo a su validez como negocio jurídico, en el que concurrió el consentimiento, el objeto y la causa y no hay ningún motivo de invalidez. No hay tampoco ningún motivo, para su eficacia, pues si carece de aprobación judicial, ello le ha impedido ser incorporado al proceso y producir eficacia procesal, pero no la pierde como negocio jurídico.

Al examinar los motivos de casación que ha formulado la esposa contra la sentencia de la Audiencia, deben desecharse aquéllos que pretenden dar al convenio valor como tal convenio regulador del artículo 90 de Código Civil pues ya se ha dicho que carece de la “conditio iuris” de la aprobación judicial. Pero sí hay que estimar los motivos 2º, 6º y 7º de aquél.

Si bien, los artículos 1255 y 1256 del Código Civil son, normalmente, excesivamente genéricos para fundamentar un recurso de casación, sí pueden fundamentarlo si se parte de un concreto negocio jurídico, como es el presente caso en que una parte del convenio, “al que las partes llamaron contrato de separación conyugal” que es el acuerdo séptimo, de carácter patrimonial, tiene plena validez y eficacia. Así, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1256 del Código Civil las partes deben cumplir el negocio jurídico, concertado según el principio de autonomía de la voluntad que proclama el artículo 1255 y está reconocido en las sentencias de esta Sala antes citadas de 25 de junio de 1987 y de 16 de enero de 1993. Cuyo acuerdo, de naturaleza patrimonial, tiene una interpretación clara, que no deja duda sobre la intención de las partes y debe estarse a su tenor literal, como dispone el artículo 1281 del Código Civil.

En consecuencia, al acogerse dichos motivos, debe darse lugar a la casación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona y confirmar íntegramente el fallo de la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª instancia nº 2 de Barcelona. En esta última sentencia se entra al fondo de la demanda y en de la reconvención: se estima la primera y se desestima la segunda “en todas sus partes y respecto a todas sus causas”. Por tanto, no es aceptable la alegación que hace la parte recurrida en este recurso de casación, en su escrito de impugnación, respecto a las demás causas reconvencionales en las que no entró la sentencia de la Audiencia.

De todo lo expuesto, y por su repercusión jurisprudencial, es procedente analizar, el contenido de la sentencia, tanto, respecto a sus antecedentes de hecho como, respecto, a los fundamentos jurídicos para llegar, tras su fallo, a la siguiente conclusión:

“La naturaleza jurídica del Convenio Regulador, en las situaciones de crisis matrimonial, contemplado y previsto su contenido mínimo, en el artículo 90 Código Civil (EDL 1889/1), que no han obtenido la aprobación judicial, es un negocio jurídico bilateral de derecho de familia, expresión del principio de autonomía privada de la voluntad que, como tal convenio regulador, requiere la aprobación judicial, como “conditio iuris”, determinante de su eficacia jurídica”.

El Magistrado y Jurista XAVIER O’CALLAGHAN MUÑOZ, Ponente: en el Recurso de Casación 1822/1993 de la Sección 1ª del Tribunal Supremo, sentencia de 22 de abril de 1997, analiza la validez y eficacia de los pactos relativos a la extinción y adjudicación de bienes en el régimen de separación de bienes, en situaciones de crisis matrimonial, que no han sido ratificados judicialmente, y consecuentemente, sin haber obtenido la aprobación judicial. Así, se establecen, los siguientes:

Antecedentes de Hecho:

PRIMERO. – 1ª.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Barcelona, la representación de la esposa, interpone demanda de juicio de menor cuantía, contra su esposo, alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando una sentencia, por la que:

  1. Se declare que en méritos del Convenio Regulador otorgado por los cónyuges el 5 de junio de 1986, el esposo adjudicó a su esposa la mitad indivisa que le correspondía en la propiedad del piso, 1º2ª de la casa núm…, de la calle A., de esta ciudad de Barcelona, la plaza de garaje núm…, y el trastero núm…, y enseres del propio piso; y que, en virtud de la explicada adjudicación, dicha mitad indivisa corresponde a la propia esposa.
  2. Se declare que en méritos del mismo convenio, el esposo adjudicó también a la esposa el automóvil marca GOLF-GTI, matrícula B-…GP, por lo que corresponde también a mi mandante la propiedad de dicho automóvil.
  3. Se condene al demandado a formalizar la adjudicación de los inmuebles aludidos en el apartado A) anterior ante Notario, otorgando al efecto la correspondiente escritura; y además a suscribir los documentos necesarios para efectuar la transferencia de titularidad del referido automóvil en el Registro correspondiente.
  4. Se condene al demandado al pago de las costas del juicio.

2º.- La representación del esposo contestó a la demanda, oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado una sentencia, por la que: en atención a las razones de la presente contestación y a las excepciones que se formulan en la demanda reconvencional, desestime de plano todas y cada una de las pretensiones o pedimentos de la actora, la cual sea condenada en costas con expresa declaración de temeridad.

Formulando acción reconvencional, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que se declare:

A).- La ineficacia del convenio o contrato en que la adversa funda su derecho por carecer de ratificación personal por separado a presencia judicial y de aprobación judicial, en el marco, como es preceptivo, de un proceso matrimonial de separación o divorcio.

B).- Alternativamente, la nulidad de dicho contrato o convenio por dolo empleado en el mismo por la esposa, en perjuicio de mi principal.

C).- También alternativamente la resolución de dicho por incumplimiento grave, reiterado y continuado del mismo, por parte de la esposa. Todo ello con la ya interesada imposición de costas a la parte inicialmente actora en este juicio.

3º.- La representación de la esposa, contestó a la demanda reconvencional oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que dando lugar a la demanda principal, desestime íntegramente la demanda reconvencional e imponga las costas a la parte adversa.

4º.- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escrito, y el Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Barcelona, con fecha 19 de marzo de 1991 dictó Sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la representación de la esposa, contra el esposa, debo declarar y declaro:

A).- Que en méritos del convenio de 5 de junio de 1986, D…, adjudicó a Dª…, la mitad indivisa que le correspondía en la propiedad del piso…, de la casa núm…, de la calle…, de esta ciudad, plaza de garaje núm…, y trastero núm…, , inscritos en el Registro de la Propiedad núm…, de Barcelona, y enseres del propio piso; y que, en virtud de dicha adjudicación la indicada mitad indivisa pertenece a Dª… .

B).- Que en méritos del mismo convenio Dº… adjudicó a Dª… el automóvil marca GOLG-GTI, matrícula B-… GP por lo que corresponde su propiedad a Dª…. En consecuencia, debo condenar y condeno al demandado a formalizar la adjudicación de los inmuebles aludidos en el apartado A) ante Notario, otorgando la correspondiente escritura, y a suscribir los documentos necesarios para efectuar la transferencia de titularidad del referido automóvil, en el Registro de la Jefatura de Tráfico correspondiente.

Todo ello con expresa imposición de las costas procesales al citado demandado. Y desestimando la demanda reconvencional formulada por la representación del Dº…, contra Dª… , debo absolver y absuelvo a la demandada reconvenida de las pretensiones contra la misma formuladas en la reconvención, con expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte reconveniente.

SEGUNDO.- Interpuesto, por Dº…,  recurso de apelación contra la anterior sentencia, la Sección doce de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó, con fecha 18 de enero de 1993, nueva Sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

Fallamos: Con estimación del recurso interpuesto por Dº…, contra la Sentencia de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y uno, dictada en proceso de menor cuantía 443/89, del Juzgado dos de Primera Instancia de Barcelona, en el que ha sido parte actora principal y demandada reconvencional Dª…, debemos revocar y revocamos los pronunciamientos de la sentencia apelada y desestimando la demanda y estimando la reconvención, absolvemos a Dº… de las pretensiones actoras, y declaramos la ineficacia del Convenio de 5 de junio de 1986 (contrato de separación conyugal), con expresa condena de las costas causadas en la primera instancia a Dª.., y sin hacer imposición de las causadas en la segunda instancia a ninguno de los litigantes.

TERCERO.- 1.- El Procurador de Dª , interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes motivos:

Primero.- Al amparo del núm. 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 90 del Código Civil en relación con los artículos 81 y 86 de este Código.
Segundo.- Al amparo del núm. 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 1255 y 1258 del Código Civil, y artículo 12 de la Compilación Catalana.
Tercero.- Al amparo de núm. 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de las doctrinas de las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1984, 20 de mayo de 1985 y 22 de abril de 1988, que permite la coexistencia, en un mismo negocio, de pactos nulos con pactos válidos (“utile per inutile non viciatur.”)
Cuarto.- Al amparo del núm. 3 del art. 1692 de la LEC, por infracción del Art.90 CC.
Quinto.- Igual que el anterior.
Sexto.- Al amparo del núm. 4 de Art. 1692 LEC, por infracción del Art. 1281 del CC.
Séptimo.- Al amparo del núm. 4 del art. 1692 LEC, por infracción del Art. 1281.1º CC.
Octavo.- Al amparo del núm. 4 del art. 1692 LEC, por infracción del Art. 1156 CC.
Noveno.- Al amparo del núm. 4 del art. 1692 LEC, por infracción del art. 1256 CC.
Décimo.- Al amparo del núm. 4 del art. 1692 LEC, por infracción de la doctrina jurisprudencial que exige para la eficacia que la renuncia sea explícita, clara, terminante y no deducible de expresiones o actos de dudosa significación ( S. de 17 de noviembre de 1931, 30 de marzo de 1953 y 4 de octubre de 1962).

Fundamentos de Derecho:

Primero.-El convenio de 5 de junio de 1986, no es el convenio regulador que contempla el artículo 90 del CC., al que se refieren los artículos 81 y 86 CC: le falta la aprobación judicial, “conditio iuris” de su eficacia. Es un negocio jurídico de Derecho de Familia. No está inmerso en el proceso de separación conyugal que se tramitó como contencioso.

Los acuerdos recogidos en el convenio, y en concreto el séptimo, al que llaman las partes “partición de bienes”, no es tal partición sino la adjudicación de bienes del régimen económico- matrimonial de separación de bienes. Este acuerdo no forma parte necesariamente del convenio regulador del artículo 90 CC. (EDL. 1889/1), ni fue recogido en la parte dispositiva de la sentencia de separación conyugal.

Este acuerdo séptimo es válido y eficaz como tal acuerdo, como negocio jurídico bilateral aceptado, firmado y reconocido por ambas partes, abogados en ejercicio. No hay obstáculo a su validez como negocio jurídico, en el que concurrió el consentimiento, el objeto y las causa y no hay ningún motivo de invalidez. No lo hay tampoco para su eficacia, pues si carece de aprobación judicial, ello le ha impedido ser incorporado al proceso y producir eficacia procesal, pero no la pierde como negocio jurídico.

Segundo.- Al examinar los motivos de casación formulados por la esposa contra la sentencia de la Audiencia, deben desecharse aquellos que pretenden dar al convenio valor como tal convenio regulador del artículo 90 CC., pues ya se ha dicho que carece de la “conditio iuris” de la aprobación judicial. Pero si hay que estimar los motivos 2º, 6º y 7º.

Si bien los artículos 1255 y 1256 CC, son normalmente excesivamente genéricos para fundamentar un recurso de casación, sí pueden fundamentarlo si se parte de un concreto negocio jurídico. Así, en virtud de lo dispuesto en el art. 1256 CC, las partes deben cumplir el negocio jurídico concertado según el principio de autonomía de la voluntad que proclama el art. 1255 CC, en consecuencia, al acogerse dichos motivos, debe darse lugar a la casación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona y confirmar íntegramente el fallo de la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª instancia núm. 2 de Barcelona.

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Autor: Juan Carlos Bracho Gilsanz · Ldo. en Derecho por la Universidad de Deusto | Presidente y cofundador de la Asociación AME/EBE