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Artículos de AME/EBE y Bracho Abogados

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SUICIDIO ASISTIDO: Derecho a morir dignamente

Leemos, en un diario nacional de gran tirada, el siguiente texto: “José Antonio, electricista de Alcobendas, de 57 años de edad, padre de dos hijos de 26 y 20 años respectivamente, y esposa, enfermo de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) , recoge firmas en change.org para que Sanidad le permita fallecer con un “suicidio asistido”. José Antonio, quiere suicidarse con dignidad porque ama la vida, “no quiero pensar en el futuro que me quedaría con esta enfermedad degenerativa y el lastre que le supondría a mi familia”. Quiere que su historia se conozca, porque defiende la “eutanasia”, y pese a que la legislación española  prohíbe la “inducción al suicidio”, castigado con penas entre cuatro y ocho años de prisión, entiende, que la publicidad de su caso, puede permitir a que la legislación cambie, aunque él llevará tiempo muerto.

José Antonio, con el brazo izquierdo “muerto”, con vendaje especial que sujeta dedos y muñeca, afectándole las cuerdas vocales, razón por la que se traba, debiendo beber agua con frecuencia, asegura que le tienen que ayudar a conseguir el “suicidio asistido”, antes de que pierda la movilidad de la mano derecha,  que debe utilizar para tomar la sustancia que le lleve a la muerte, sin implicar a nadie. Pone, como ejemplo, a su perra Kira, que con nueve años, una hernia y problemas de corazón, el veterinario, le indujo en agosto a una muerte sin dolor, para que no sufriera: “Eso es lo que yo quiero”, ¿Por qué mi perra va a tener más derechos que yo a morir dignamente?

(Añade) “ Al principio pensé tirarme a las vías del tren, pero lo descarté ante la posibilidad de sobrevivir y quedarme, aún peor, de lo que estoy . Pensé lanzarme al rio, pues no sé nadar, pero, cambié de opinión, ante la posibilidad de que alguien me salvara”.

Para mi familia, todo esto es muy duro, pero saben que voy a morir ¿Por qué alargar mi sufrimiento? Desde que me diagnosticaron ELA , cada día estoy más torpe, hay momentos en que no puedo hablar, andar, ni siquiera vestirme.

Leemos igualmente a Manel; la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa incurable, se lo quitó casi todo, aunque conservó siempre la ironía y el sentido del humor: ”no puedo rascarme ni la nariz”.

En silla de ruedas, atado a un respirador, sin el menor dominio de sus movimientos y sus acciones, salvo el cerebro a pleno rendimiento, este catalán de 47 años reivindica su derecho a “morir dulcemente”. “Ser yo quien ponga límite a mi estado y no alargar indefinidamente mi sufrimiento”, lo dice agarrado a la mano de su mujer, Ana y con su hijo de 7 años revoloteando alrededor. Para su suerte, su caso entraba dentro de lo permitido por la Ley de Autonomía del Paciente. Había firmado un documento de últimas voluntades y tenía claro que llegado el momento, cercano ya  su final insalvable, quería ser desconectado y sedado. Morir dormido, sin una  agonía aún más dura.

Manel,  pidió a quienes no comprenden una decisión así, que se pusieran por un momento en su lugar. “Que se aten las piernas, las manos, que se llenen la boca de agua, que se les caiga toda la baba, que les pique todo el cuerpo y que no se puedan rascar…” ése era su día a día y pretendía ser  quien dijera hasta cuándo. “Me da pavor lo que viene. Lo que me espera en mi futuro inmediato es sencillamente horroroso”.

Aunque en su caso se trataba de rechazo de tratamiento o soporte vital, creía necesario ir más allá en la regulación del “suicidio asistido” o la eutanasia para quien lo necesite. “El suicidio asistido no acorta la vida, la alarga. Si yo no hubiera tenido la tranquilidad de saber que podía poner fin a esto, ya me habría suicidado”. Dos semanas después de la emisión del programa “Informe Semanal”, en octubre de 2008, su estado empeoró súbitamente. Murió en su casa, con asistencia médica y sedación paliativa. Dormido y listo para emprender un largo viaje a su estrella favorita”.

Antonio A.: “Quien ama incondicionalmente vivir, no teme morir. Poner fin a mi vida es un acto de amor a mí mismo”. De ahí que sea radicalmente ajeno a la vida que te obliguen a pervivir contra tu voluntad”. Cuando leas estas líneas, ya habré muerto. He decidido finalizar mi vida, ejercer mi derecho inalienable a disponer libre y responsablemente de mi propia vida. Te preguntarás por qué, esta decisión  tan inusitada. De hecho, no soy un enfermo terminal, no me han detectado una enfermedad grave e incurable. Tampoco estoy deprimido, simplemente ha llegado mi momento de morir. Es el momento justo de morir, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Es el momento justo de quedar abrazado a mi muerte libre, a esa muerte -como dice Nietzache- que viene a mí porque yo quiero”.

Diane P., tiene 43 años, ciudadana británica, casada desde hace veinticinco años, vive con su esposo, su hija y su nieta. Padece una “esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motrices del interior del sistema nervioso central y que provoca una alteración gradual de las células que hacen funcionar a los músculos voluntarios del cuerpo. Su evolución conduce a un grave debilitamiento de los brazos y de las piernas, así como de los músculos implicados en el control de la respiración. La muerte sobreviene generalmente por problemas de insuficiencia respiratoria y de neumonías, debidos a la debilidad de los músculos respiratorios y de aquellos que controlan la voz y la deglución. Ningún tratamiento puede detener la evolución de la enfermedad.

El estado de Diane se ha deteriorado rápidamente desde que se le diagnosticó ELA, en noviembre. La enfermedad se encuentra actualmente en un estado avanzado. La señora P. está casi paralizada desde el cuello hasta los pies, no puede prácticamente expresarse de forma comprensible y se le alimenta por medio de una sonda. Su esperanza de vida es muy limitada y se cuenta por meses o incluso por semanas. Su intelecto y su capacidad para tomar decisiones están intactos. La fase final de la enfermedad es extremadamente penosa y lleva consigo una pérdida de dignidad. La señora P. tiene miedo y se lamenta del sufrimiento y de la indignidad que va a tener que soportar si deja que la enfermedad se desarrolle, y desea por tanto vivamente poder decidir cuándo y cómo morir y escapar así de dicho sufrimiento.

Pese a que el suicidio no se considera un delito en derecho inglés, como Diane está impedida por su enfermedad para llevar a cabo dicho acto sin ayuda, ayudar a alguien a suicidarse cae bajo el peso de la Ley Penal (artículo 2.1 de la Ley de 1961 sobre el suicidio). El argumento que esgrime la señora P. es incompatible con dos principios profundamente arraigados en el derecho inglés. El primero reside en la distinción entre la interrupción de la vida mediante un acto personal y la interrupción de la vida  por medio de la intervención o con la ayuda de un tercero. En primer caso está admitido actualmente, desde que el suicidio dejara de constituir un delito en 1961. El segundo continúa estando perseguido.

Con el fin de permitir a la señora P. suicidarse con la ayuda de su esposo, el abogado de ésta, siguiendo la voluntad de ella, solicitó al Mº Fiscal que se comprometiera a no instruir diligencias en contra del marido, si éste, accediendo a los deseos de su esposa, le ayudara a suicidarse. El Mº Fiscal rechazó aceptar dicho compromiso, alegando que los jueces y fiscales siempre han señalado que no conceden, por muy excepcionales que sean las circunstancias,  inmunidad.

El Tribunal rechazó la demanda presentada por la señora P. considerando que Fiscalía no podía aceptar el compromiso solicitado de no instruir diligencias .

La demandante recurrió en casación ante la Cámara de los Lores, quien rechazó el recurso, confirmando la resolución dictada por los tribunales.

Alda Gross, señora anciana de 82 años, que desde años atrás venía expresando reiteradamente su deseo de suicidarse a pesar de no padecer enfermedad reseñable alguna. Aducía exclusivamente que “no deseaba seguir sufriendo el declive de sus facultades físicas y mentales”, que según una evaluación médica realizada en 2008, se traducía en dolores de espalda, eczemas, temor a los cambios externos y merma de la memoria y capacidad de concentración. Alda Gross solicitó sucesivamente a tres médicos una receta médica de “pentobarbital sódico” con el objeto de suicidarse. Solo uno de los tres médicos aceptó facilitarle la receta siempre que le garantizase que no sufriría una sanción por emitir él receta médica. Ello obligó a Alda Gross a elevar su petición de pentobarbital sódico al Consejo de Salud del Cantón de Zúrich, que le denegó aduciendo que ni la Constitución Suiza ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos obligan al Estado a facilitar medios a quien desea suicidarse. Alda Gross impugnó la negativa  y el caso terminó en el Tribunal Supremo de Suiza, quien manifestó que el Código Penal de Suiza exime de responsabilidad al médico que auxilia al suicidio de un paciente que padece una enfermedad terminal con el fin de aliviar su sufrimiento, pero que en el supuesto de no padecer enfermedad terminal no exime al médico de responsabilidad, por lo que desestimó la petición de Alda Gross.

La duda está “servida” ¿es  la “sedación terminal” lo mismo que la “eutanasia”?

Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la sedación terminal es la “administración deliberada de fármacos para lograr el alivio, inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento físico y/o psicológico, mediante la disminución suficientemente profunda y previsiblemente irreversible de la consciencia en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima y con su consentimiento explícito, implícito o delegado”.

La eutanasia, etimológicamente hablando, según la Asociación Federal al Derecho a Morir dignamente, significa “buena muerte”, esto es “la excelente e ideal forma de una muerte digna. Sin embargo, la palabra “eutanasia” se ha ido cargando de numerosos significados y adherencias emocionales, que la han vuelto imprecisa y necesitada de una nueva definición.

Para deslindar sus diversos significados se han introducido adjetivos , como “activa”, “pasiva”, “directa”, “indirecta”, “voluntaria” o “involuntaria”. El resultado final ha sido que la confusión entre la ciudadanía, profesionales sanitarios, los medios de comunicación y, aún los expertos en bioética, o en derecho, no ha hecho sino aumentar aquella confusión.

Con un intento de delimitar el significado de la palabra “eutanasia” existe, hoy en día, una tendencia creciente a considerar solo, como tal, las actuaciones que:

a).- Producen la muerte de los pacientes, es decir, que la causan de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata.

b).- Se realizan a petición expresa, reiterada en el tiempo, e informada de los pacientes en situación de capacidad.

c).- Se realizan en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad incurable que los pacientes experimentan como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios,  por ejemplo, mediante cuidados paliativos.

d).- Son realizados por profesionales sanitarios que conocen a los pacientes y mantienen con ellos una relación clínica significativa.

De acuerdo con estos criterios, las actuaciones que no encajen en los supuestos anteriores no deberían ser etiquetados como “eutanasia”.

Según la SECPAL, la diferenciación entre “sedación y eutanasia”, está en la siguiente tabla:

Según Wikipedia, la “sedación paliativa” es un proceso médico por el que al paciente se le suministra medicamentos con un fuerte efecto tranquilizante y sedante.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, (ELA), es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, que se origina cuando las células del sistema nervioso (motoneuronas) disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, provocando una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal: en sus etapas avanzadas los pacientes sufren una parálisis total que se acompaña de una exaltación de los reflejos tendinosos (resultado de la pérdida de los controles musculares inhibitorios). A pesar de ser la enfermedad más grave de las motoneuronas,  el paciente conserva la sensibilidad y la inteligencia inalteradas, no resultando tampoco afectados los músculos esfínterianos.

Su cuadro clínico: Se les caen los objetos, tropiezan, sufren calambres musculares y tics nerviosos, sienten fatiga inusual en brazos y piernas, dificultades para hablar, respirar, tragar, llegando a la necesidad de recurrir a la ventilación mecánica.

¿Podemos decir que las personas que son diagnosticados de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), no pueden vivir?

Por el total respeto que nos merecen estos enfermos, la respuesta, no es propia de quien escribe este artículo, y consecuentemente, se limita a exponerlo.

El Doctor en Derecho Juan Luis Beltrán (Asesor Jefe del Defensor del Pueblo de Navarra), publicó en la Revista Aranzadi, un artículo sobre “aproximación a regulación del suicido médicamente asistido en España, donde recoge:” El suicidio médicamente asistido actualmente está tipificado como delito en el art. 143.2 del Código Penal. Desde la óptica penalista, la doctrina distingue ente eutanasia y suicidio médicamente asistido, entendiendo ésta última figura, cuando el médico a petición del paciente prescribe el medio, y es el paciente quien realiza la acción de ingerirlos poniendo fin a su vida, y la eutanasia cuando es el médico quien produce directamente la muerte del paciente. Ambas conductas están en el C.P. tipificadas como delito: cooperar necesariamente al suicidio ajeno (art. 143.2º) y la eutanasia propiamente dicha (eutanasia activa directa), tipificada como delito de homicidio atenuado (art. 143.4º).

Para la eutanasia y el suicidio asistido es necesario, por tanto, una conducta activa, quedando impunes comportamientos omisivos e indirectos. Se distingue el suicidio asistido del homicidio eutanásico en que, si bien en ambos supuestos la voluntad de morir del paciente es la misma, en el suicidio médicamente asistido la actuación del médico no impide que el suicida tenga la última palabra, esto es, que puede decidir, finalmente, no ejecutar la acción que le produciría a muerte, mientras que en el homicidio eutanásico es el médico quien ejecuta la acción que produciría la muerte.

Parte de la doctrina penalista incluye en los comportamientos omisivos la desconexión de mecanismos de soporte vital. Igualmente la mayoría de la doctrina bioética considera que acceder a la petición del paciente de desconectar un aparato de soporte vital no es otra cosa que limitación del esfuerzo terapéutico , ya que no es acción, sino omisión, y como tal lícita,pues es la enfermedad directamente y no la acción de desconectar el aparato  o retirar el tratamiento, lo que provoca la muerte. No se busca la muerte sino que se acepta. No concurre por tanto el tipo penal del suicidio asistido. Desde la óptica del derecho sanitario, ha de afirmarse que se trata de una actuación legal, catalogable como limitación del esfuerzo terapéutico a petición del paciente. Tanto la Ley básica estatal de autonomía del paciente, como las Leyes autonómicas reguladoras del derecho a una muerte digna así lo establecen al disponer que toda persona tiene derecho a revocar el cualquier momento el consentimiento respecto de una intervención concreta, lo que implicaría necesariamente la interrupción de dicha intervención, aunque ello puede poner en peligro su vida.

El suicidio médicamente asistido está legalizado en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza y Estados norteamericanos de Oregón, Washington y Montana. La eutanasia está legalizada en Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

En España,  Código Penal (1995), en su artículo 143 regula la “eutanasia”, aunque omite el término :

1.- “El que induzca al suicido de otro será castigado, con la pena de prisión de cuatro a ocho años”.

2.- Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

3.- Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

4.- El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de éste artículo.”

 

En el Código Penal comentado del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo (Ex Magistrado (suplente del Tribunal Supremo), Don  Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, una vez suprimido “el auxilio no necesario”, se analizan las cuatro conductas delictivas:

1.- La inducción al suicidio, castigada con la pena de cuatro a ocho años;

2.- La cooperación necesaria al suicidio, castigada con dos a cinco años;

3.- La cooperación al suicidio con actos ejecutivos (homicidio-suicidio), castigada con prisión de seis a diez años;

4.- La regulación de una forma de “eutanasia” consistente en la causación o cooperación activa en la muerte de una persona a su propia petición y con determinados condicionantes.

 

Por tanto, la Ley castiga, con carácter general la conducta de “auxiliar” a otro a quitarse la vida con actos imprescindibles a tal fin, ejecutar la muerte de quien no desea seguir viviendo y la cooperación necesaria a un suicidio “eutanásico” (petición expresa por sufrimiento), con una sanción que oscilaría entre los seis meses y los dos años (suicido) o un año y seis meses a seis años (eutanasia), respectivamente.

Como novedad, en la regulación de 1995, las conductas de mera cooperación no necesaria o complicidad en el suicidio de otro, son impunes, con independencia de si concurre o no el contexto eutanásico (anteriormente se sancionaba cualquier tipo de colaboración). Es decir, que la intervención penal depende del carácter imprescindible de los actos de colaboración, sin los cuales “el suicida” no hubiera podido llevar a cabo el suicidio. Está claro que quien pone en la boca del enfermo tetrapléjico la sustancia mortal que este succiona por sí mismo realiza un acto imprescindible, por ser una persona incapaz de quitarse la vida, sin ayuda ajena. Sin embargo, en otros muchos casos es difícil distinguir si la colaboración es o no imprescindible. En principio, el médico que informa a un paciente sobre un “coctel letal” que le produce una muerte plácida no realiza una cooperación necesaria, ni tampoco un acompañante si lo hubiera, porque éste se podía haber suicidado sin compañía o consejo alguno, pero dependerá de la perspectiva que se adopte. Casi siempre podrá decirse que el sujeto podía haberse suicidado “de otro modo”, a la vez que se puede argumentar que sin la ayuda examinada el sujeto no se hubiera podido suicidar “del modo concreto en que lo hizo”.

Por lo tanto, la Ley actualmente vigente, en lugar de ofrecer soluciones seguras, ha resultado ser demasiado ambigüa. Parece ser que la intención del legislador no fue la de crear un reducido campo de impunidad que atendiese a las peculiares características de la “eutanasia”, sin embargo llama la atención que dieciséis años después no exista ninguna jurisprudencia, hecho probablemente debido a la aceptación social de conductas tipificadas, que son reconocidas por los profesionales.  Sin  jurisprudencia, en una sociedad que no es consciente de esta despenalización parcial, las interpretaciones de la norma son dispares.

España en el año 2000 ratificó el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los Derechos Humanos y Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio de Oviedo) inspirándose en ese texto, Cataluña aprobó la Ley 21/2000, sobre los derechos de información relativos a la salud, la autonomía del paciente y la documentación clínica, que obligó al Estado a legislar sobre una norma europea judicialmente vinculante. Finalmente la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica establecía los siguientes principios básicos (art. 2).

“La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad; el previo consentimiento de los pacientes a toda actuación sanitaria, después de que el paciente reciba una información adecuada, el derecho del paciente de decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y a negarse al tratamiento; y la obligación de todo profesional que interviene en la actividad asistencial al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente”.

El C.P. de 1995, al regular expresamente las “conductas eutanásicas” como actos necesarios y directos a la muerte de otro, agrupa supuestos distintos:

Eutanasia genuina, consistente en suministrar a una persona los medios para evitar sufrimientos innecesarios a través de analgésicos u otras drogas que palien el dolor y que no signifiquen un acortamiento de la vida, es comportamiento comúnmente acertado y que no tiene ninguna relevancia jurídico-penal.

Eutanasia indirecta,  en el que el suministro de medios paliativos significa un acortamiento  de la vida, debe considerarse igualmente un acto impune por inexistencia de dolo.

Eutanasia directa,  en la que se realizan actos ejecutivos encaminados, directamente a acortar la vida de una persona. Este supuesto no debe confundirse con la eutanasia pasiva, en la que lo que se hace es suprimir los medios que prolongan artificialmente la vida. A este respecto, habrá que tener en cuenta la noción de muerte aportada por la Ley de Trasplantes de Órganos de 27 de octubre de 1979, y lo dicho anteriormente en el apartado correspondiente del homicidio.

En la nueva regulación se ha contemplado una figura de homicidio a petición de la víctima cuando concurran  determinados condicionantes, habiendo optado el legislador de manera poco acertada, por remitir en la penalidad a las conductas de participación en el suicidio. La regulación plantea numerosos interrogantes no siempre fáciles de solventar.

En esta forma de “eutanasia” se aprecia un menor desvalor de la acción consistente en dar muerte a una persona con voluntad de morir y que consiste en la muerte, siendo desde luego una conducta que merece un menor grado de reprochabilidad. Si embargo, a diferencia de lo hace el Código Penal Suizo, no se contiene ninguna referencia a los móviles con los que actúa el sujeto, con lo que deja fuera otro de los componentes que pueden afectar a la valoración de la conducta. No son exigibles, por lo tanto, móviles de compasión.

Los elementos de esta figura son los siguientes:

a).- Petición expresa, seria e inequívoca de la víctima. No se requiere por lo tanto que se trate de una petición escrita, siendo bastante que conste de una manera fehaciente. Sin embargo nada se dice sobre si esta petición deber de ser realizada a una persona determinada o basta una genérica manifestación de voluntad. Tampoco se dice si tiene que ser una petición próxima al momento en el que debe suceder.

b).- La víctima ha de sufrir una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar.

No existe correlación entre los términos “conducir” (la enfermedad) y “producir” (los padecimientos). No parece posible afirmar que tenga que tratarse necesariamente de un enfermo terminal, si no que bastaría simplemente con contemplar la muerte, producto de la enfermedad, aunque fuera en la lejanía. Por lo tanto bastaría con el mero diagnóstico efectuado con certeza para encontrarnos ante éste supuesto, consecuencia que en principio no parece deseable, pero sí compatible con una interpretación más favorable al reo.

En cuanto a los graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, no se comprende realmente desde la óptica general del precepto, que estos provengan únicamente de una enfermedad, y no de cualquier otro supuesto, como las deficiencias psíquicas permanentes, o las simples alteraciones de salud que no sean susceptibles de ser catalogadas como de enfermedad, o incluso las derivadas de un supuesto traumático como en el caso de un accidente.

Nuevos problemas surgirán con la expresión “padecimientos”, pues nada se aclara sobre si estos deben de ser necesariamente físicos o bastan los psíquicos, con la difícil subjetivación  que se produce en estos últimos. Pero además han de ser permanentes, lo cual plantea la posibilidad o no de admitir los padecimientos sufridos de forma intermitente. En principio parece que la nota de la permanencia debe venir referida a la falta de curación, más que a la continuidad absoluta del sufrimiento. ( Cándido Conde-Pumpìdo).

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, analiza el “auxilio al suicidio”, diciendo que puede implicar ayuda tanto necesaria como accesoria, y tanto activa como pasiva, que requiere en todo caso, el consentimiento del auxiliado y que puede obedecer a móviles altruistas o morales -piedad, respeto, afecto o sumisión-, pero también a móviles abyectos, y el auxilio hasta el punto de ejecutar el mismo la muerte, al que la doctrina denomina “homicidio-suicidio”, homicidio consensual, homicidio consentido , auxilio ejecutivo al suicidio o, finalmente, homicidio concertado con la víctima que desea morir, figura delictiva que requiere inexcusablemente la anuencia del sacrificado.(S.T.S. 15 diciembre de 1977).

El auxilio al suicidio, supone una colaboración, una prestación coadyuvante que ofrezca una cierta significación y la eficacia en la realización del proyecto que preside a  un sujeto de acabar con su propia existencia. Tiene como límite inferior de la tipicidad la existencia de una mínima aptitud o eficiencia de la conducta desplegada por el sujeto activo en orden a la efectividad de los actos desplegados respecto del suicidio ajeno, y como límite máximo la propia ejecución material de la muerte del suicida, lo que llevaría a la aplicación del último inciso del referido artículo, auxilio ejecutivo al suicidio o ejecución material de la muerte consentida (STS. de 23 de noviembre de 1994).

El caso del mero “auxiliador”, necesario o no, como el del “auxilio ejecutivo” del suicidio, requieren que la conducta del sujeto activo sea de colaboración prestada a la muerte, en relación de causalidad con su producción y con pleno conocimiento y voluntad de cooperar a la misma, de tal modo que sea el propio suicida el que tenga, en todo momento, el dominio del hecho, o sea, el sujeto activo no haga otra cosa que cumplir la voluntad libre y espontáneamente conformada por quien en todo momento decide su finalización o desiste.

Dominio del hecho del suicida.- El caso del mero auxiliador, necesario o no, como el del auxilio ejecutivo del suicidio, requiere que la conducta del sujeto activo sea de colaboración prestada a la muerte, en relación de causalidad con su producción y con pleno conocimiento y voluntad de cooperar a la misma, de tal modo que sea el propio suicida el que tenga, en todo momento, el dominio del hecho, o sea, el sujeto activo no haga otra cosa que cumplir la voluntad libre y espontáneamente conformada y expresamente formulada por quien en todo momento decide su finalización o desiste. (S.A.P. Madrid, 30-12-2009).

Expuesto lo que antecede, vamos a analizar ahora, si las personas tenemos derecho a “disponer de nuestra vida”. El debate está abierto.

No se limita a la “eutanasia”, que no es otra cosa, que el procedimiento para ayudar a morir de forma rápida e indolora, necesaria y directa, mediante una inyección letal, a una persona que lo solicita reiterada e inequívocamente, ni tampoco sobre quién está dentro o fuera de la norma legal, ni siquiera sobre las garantías que aseguren un hipotético abuso. El debate trata sobre la “disponibilidad de la propia vida”, esto es, si la vida es un don indisponible, o si el dueño de la vida es uno mismo. Penalizar la “libertad de conciencia de cada uno de nosotros”, cuando las circunstancias, hacen necesario la ayuda de otro ( profesional médico o no ), ante situaciones de enorme vulnerabilidad y sufrimiento  a causa de la enfermedad, es una contradicción y una imposición inaceptable,  en una sociedad moderna, cuyo fundamento es la libertad del individuo.

La asimetría moral de la postura de la sacralidad de la vida frente a la libertad para disponer de la misma, es evidente. Que la muerte voluntaria no puede ser impuesta es una obviedad, un imperativo categórico.

Sin embargo, los que creen en la santidad de la vida, en nombre de sus valores particulares, tratan de impedir la libertad de elegir de todos los demás. ¿Cómo tolerar a los intolerables de la sacralidad de la vida?

El proceso a morir es una conquista social. Hoy día se puede elegir entre las “opciones clínicas”, rechazar tratamientos, incluso “el respirador” aunque la muerte acontezca en unos minutos, acompañar a un amigo enfermo en su suicidio, solicitar sedación paliativa- morir dormido- por un sufrimiento refractario en un proceso terminal.

El protagonista de su vida es quien muere, y nadie puede apropiarse de ella, sin su consentimiento.

En síntesis, como diría un conocido humorista “que ud. se muera bien”.

Bilbao, a uno de noviembre de dos mil dieciséis.

 

J.Carlos Bracho Gilsanz.

Abogado-Mediador